La investigación se abre a raíz del oficio que Funcicar envió a ese ente de control, advirtiendo presuntas irregularidades en el contrato número 8 del 8 de abril del 2020 para la adquisición de 10 mil pruebas rápidas para el diagnóstico y contención del COVID-19.
El contrato se hace para la compra de 10 mil pruebas rápidas por $725 millones sin embargo, se pudo establecer que por ese mismo dinero, podría haber comprado 14.530 pruebas adicionales.
El mencionado contrato había sido denunciado por uno de los proponentes que, en medio de una conversación de WhatsApp, revela que la compra se hizo “por ordenes de arriba”.
El ente de control solicitó a la Alcaldía de Cartagena como material para el proceso, el mencionado contrato, así como el estudio de necesidad del mismo y que explique los términos y trámites de este, además de información de la empresa con la que se hizo dicho contrato
