Carrillo aseguró que dicha sentencia puede llevar a realizar ajustes normativos que “jamás podrán traducirse en escenarios de impunidad en la lucha contra corrupción, para beneficiar funcionarios de elección popular que han actuado indebidamente”.
Así mismo, sostuvo que ninguna de las actuaciones frente a funcionarios de elección popular adoptadas hasta la fecha por la Procuraduría queda en un limbo jurídico, “puesto que se ha procedido siempre otorgando todas las garantías a los investigados y respetando la jurisprudencia nacional, acatando las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado” sobre las competencias disciplinarias de la Procuraduría.
De otro lado, el procurador no descartó solicitar aclaraciones o consultas a la decisión de la Corte IDH, algo que también está evaluando la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que “permitan fortalecer y no debilitar la potestad disciplinaria de la Procuraduría”.
Carrillo fue enfático en señalar que la Corte IDH no ha sugerido “meterle la mano” a la Constitución de 1991, sino ajustar normas disciplinarias, que permitan a la Procuraduría actuar como un ente acusador especializado contra los corruptos, con decisiones que podrían ser controladas automáticamente por una autoridad jurisdiccional como el Consejo de Estado.
