El documento, firmado por el penalista Jaime Granados -que debe ser respondido en máximo 5 días- se produce luego de la renuncia de Uribe a su curul, alegando que se le están violando sus derechos fundamentales y que la medida de aseguramiento, con detención domiciliaria, es abiertamente arbitraria y sin fundamentos legales.
La tesis de la defensa, basada en la Constitución y jurisprudencia de las altas cortes, es que Uribe deja de estar bajo la órbita de la Corte y pasa a la de la Fiscalía porque las conductas por las que se le investiga -soborno en actuación penal y fraude procesal- no tienen nada que ver con su función de senador.
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“Las conductas punibles que son objeto de investigación ningún vínculo tienen
con el desarrollo de esta función, pues los hechos no se enmarcan dentro del trámite de algún acto desarrollado por el doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ para realizar control político al gobierno de la época”, señala el penalista, punta de lanza de la defensa del expresidente.
Granados empieza por advertirle a la Corte que cuando denunció a Iván Cepeda por soborno a testigos (caso que derivó en la compulsa de copias en contra del expresidente) Uribe no era Congresista.
En 32 páginas que contiene el documento, sustenta varios argumentos ante posibles escenarios que la corte podría sustentar para negar la solicitud.
