El Distrito estaría atravesando una de las peores crisis económicas de la historia que acabaría dejando sin recursos a la ciudad para cumplir sus funciones.
El pasado 3 de febrero, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena ordenó el embargo y secuestro de $51.075 millones, de los dineros que el Distrito tiene en la Fiduprevisora para libre destinación.
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El origen del embargo es una demanda interpuesta en agosto de 2019 por Electricaribe en contra del Distrito, por una supuesta deuda por la prestación de un servicio de energía social.
El embargo obedece al incumplimiento de un acuerdo hecho por la administración de Pedrito Pereira, quien se comprometió a pagar una suma de dinero el pasado 20 de Diciembre y no cumplió.
El Departamento Jurídico del Distrito argumenta que el embargo es ilegal, pues el juez que lo ordena no tuvo en cuenta que el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, advierte que los recursos de los municipios, en este caso del Distrito de Cartagena, no se pueden embargar hasta tanto no haya una sentencia ejecutoriada, es decir, una sentencia en segunda instancia. Lo cual no existe, teniendo en cuenta que hasta ahora solo se han emitido dos autos.
