El gobierno local hizo un llamado a la Presidencia de la República, al Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos, para que intervengan en la situación que afronta, no solo Cartagena, sino otros municipios de la costa, al ser demandados y embargados por Electricaribe por sumas cuantiosas que ponen en riesgo la operatividad de las administraciones, y más ahora en la emergencia sanitaria por la covid-19.
La jefe de la Oficina Jurídica, Mirna Martínez, explica que Electricaribe es una empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, que es una entidad nacional, que a su vez designa a sus gerentes, por lo tanto está enterada de cada actuar de la empresa de energía. “Por eso acudimos a las altas instancias, porque la facturación está viciada y los cobros son ilegales”.
El alcalde, William Dau Chamat, calificó el proceder de Electricaribe de práctica sinvergüenza, ilegal y arbitraria. El mandatario distrital participó de una reunión con el equipo jurídico de Barranquilla, donde constató que la situación se repite por la empresa de servicio de energía en esa ciudad.
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Explicó Dau Chamat que Electricaribe pretendió embargar fondos inembargables del Distrito por más de $50 mil millones, y que en febrero presentó denuncia penal contra el juez y el abogado de Electricaribe, pero que nuevamente el juez insiste en embargar al Distrito, para paralizar la ciudad.
“Hace dos meses hablamos con la Superintendencia de Servicios Públicos y la agente interventora de Electricaribe y nos aseguraron que lo quitaron de los casos en contra el Distrito. Pero el abogado sigue ahí, y actuando, presionando al juez y a la previsora, para que haga efectivo el embargo. ¡Eso es una sinvergüenzura de Electricaribe y tiene que parar ya!”, afirmó el Alcalde.
En el caso de Cartagena, el proceso jurídico se inició en 2019, como consecuencia de una facturación de energía social de unos barrios subnormales y la demanda trajo como consecuencia el embargo de las cuentas del Distrito. El Gobierno anterior suscribió un acuerdo de pago que fue incumplido y por eso el Distrito fue embargado en febrero de este año.
“El Gobierno actual verificó el expediente y se detectaron algunas ilegalidades en el mismo, que ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía y el juzgado que lleva el caso. En lo que va del año se ha hecho un ejercicio excesivo de defensa, encaminado a detener el embargo de las cuentas de la Administración, pues la demanda es por $55 mil millones de pesos. Se logró que no se tenga en cuenta ese acuerdo, pero ellos siguen con el proceso, teniendo en cuenta la facturación que Electricaribe realizó”, explicó la jefa de la Oficina Jurídica.
Esta semana el equipo jurídico de la Alcaldía se reunió con la Fiduprevisora, entidad que administra las cuentas del Distrito, para que ante una nueva orden de embargo, la misma no sea aplicada, toda vez que ya se interpusieron los recursos, y como la decisión no estaba en firme, no es posible que la ejecuten inmediatamente.
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La situación de Cartagena es similar en varios municipios de la Costa, lo que motivó a la creación de un bloque regional para enfrentar a Electricaribe. Los equipos jurídicos de la Alcaldía Distrital y la de Barranquilla han realizado mesas de trabajo para verificar la legalidad de estos cobros por parte de la empresa, además de estudiar técnicamente la procedencia de los mismos. La Oficina de Servicios Públicos del Distrito ha realizado un análisis, y ha conceptuado que no son válidos, opinión que también ha sido respaldado por la Alcaldía de Barranquilla.
“Como la situación es similar en la Costa, bajo la directriz del Alcalde se llevó a crear un bloque territorial, a partir del cual los entes territoriales de la costa Caribe que se vienen enfrentando a Electricaribe con este tipo de demandas, a unir fuerzas y llamar la atención de la Superintendencia de Servicios Públicos, Ministerio de Minas y Energía y la Presidencia de la República”.
Esta misma situación de demanda y embargos se estaría presentando en Santa Marta y Ciénaga, en el Magdalena.
