Jaime Granados, abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pidió a la Fiscalía General de la Nación la libertad inmediata de su defendido, argumentando que la detención domiciliaria ordenada por la Corte Suprema de Justicia queda sin validez en tanto el alto tribunal perdió competencia en el proceso una vez el expresidente renunció a su curul en el Congreso.
En la carta enviada a la Fiscalía, Granados expresa que se hace necesario, en garantía de los derechos de Uribe Vélez, corregir la actuación, ordenando su libertad inmediata, dado que la detención preventiva ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no tiene cabida desde el punto de vista constitucional en un proceso que se debe regir por la Ley 906 de 2004.
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La situación se presenta luego de conocerse que la Corte Suprema de Justicia trasladó a la Fiscalía el proceso que se le sigue a Uribe por supuesta manipulación de testigos.
“Acudo, de forma respetuosa, ante su Honorable Despacho a fin de solicitar la adecuación de la investigación al procedimiento establecido en la ley 906 de 2004, así como la libertad inmediata de mi prohijado”, expresa el abogado Granados.
