La Corte declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones a derechos políticos de Gustavo Petro que se vieron afectados como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución como Alcalde de Bogotá, e inhabilitación por 15 años para ocupar cargos públicos, que le había sido impuesta por la Procuraduría General el 9 de diciembre de 2013.
En la sentencia, que aún no le ha sido notificada a Petro, se le da un plazo prudencial al Estado colombiano para que modifique su ordenamiento jurídico interno y en consecuencia, no se vuelvan a repetir estos actos de destitución de ningún cargo público de elección popular en el país.
Así mismo, el Estado deberá pagar cerca de $28.000 dólares a Gustavo Petro por gastos de representación, más los dineros que haya dejado de percibir y los perjuicios ocasionados por aquella decisión.
